15 militares capturados por masacre de San José de Apartadó

Ahí están, esos son, los asesinos de la nación, los descuartizadores de niños, los que ya confesaron 20.000, los que hablan igualito al presidente y lo defienden tanto, los que van salir de la cárcel en tres años, los que tienen tanta tierra, los que tienen tanta plata, los reelectos, el 84%, los colombianos de bien.

Conciencia Colombia! Esto está vivo! Colombianos conscientes dignos y organizados a combatir con poesia, con alegría, con grafitis, blogs, amor, orgía, yagé, marihuana, libros y canciones la violencia narco-para-cachorra-del-imperio-decadente, a parar la guerra, a negociar con los colombianos en armas, a conquistar la verdadera democracia, la verdadera libertad.

Que confiesen del para-narco-cachorro-del-imperio-decadente para abajo, que entreguen las tierras, que con toda esa plata que han hecho con el trabajo del pueblo y las ñatas de los gringos paguen la deuda externa y financien la modernización ecológica de Colombia. Los colombianos los perdonamos y les ofrecemos la no extradición, si quieren se pueden ir a vivir Miami a terminar de decaer con el imperio.

América Latina Unida, Confederada, Técnológica, Ecológica, Libre, Anti-Imperialista y Anarco-comunista!

Mayu Pankara

Ordenan captura de 15 militares por masacre de San José de Apartadó

(El Tiempo, marzo 27 de 2008)

La decisión fue provocada por el testimonio de Jorge Luis Salgado, un ex paramilitar que acusó a los uniformados de asesinar, en asocio con las Auc, a los 3 niños y 8 adultos.

“Los niños estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (…) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro (…) ‘Cobra’ tomó a la niña del cabello y le pasó el machete por la garganta”, afirmó Salgado, oriundo de Carepa (Antioquia), a las autoridades el pasado 30 de enero.

La masacre en la comunidad de paz ocurrió el 21 de febrero del 2005.

Ese día, los cuerpos mutilados y decapitados quedaron abandonados en medio de la selva y en fosas a medio tapar.

Todas las víctimas eran miembros de un grupo que se declaró neutral dentro del conflicto armado colombiano y que venía pidiendo afanosamente protección especial.

Aunque, desde un comienzo, testimonios indicaron que los responsables de estos hechos eran miembros de la Brigada XVII del Ejército y hombres bajo el mando de Diego Murillo, ‘Don Berna’, esta es la primera vez que alguien que estuvo en las filas de los verdugos narra la historia.

“Ninguno de nosotros sabíamos hasta dónde llegábamos, solo que teníamos que ir a la vereda La Resbalosa y recorrer la zona en compañía del Ejército”, dice el ex ‘para’.

En la mira, tres subtenientes

Su testimonio, acaba de precipitar varias decisiones de fondo en este caso emblemático que ya llegó a tribunales internacionales.

Hace 12 días, la Fiscalía le envió una comunicación al comandante del Ejército, general Mario Montoya, en la que le solicita que ordene, a quien corresponda, las capturas de 15 miembros activos de ese cuerpo armado que en el 2005 estaban asignados al área de los hechos.

En la carta, la Fiscalía advierte que inicialmente los uniformados serán escuchados en indagatoria.

Pero uno de los in vestigadores le aseguró a EL TIEMPO que se ordenó su detención “porque existen indicios suficientes para presumir su responsabilidad en los hechos de Apartadó”.

En la lista que recibió el general Montoya hay tres subtenientes, cuatro sargentos y ocho cabos.

Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez.

El oficial, varias veces mencionado dentro del expediente, optó por guardar silencio durante toda la diligencia de indagatoria que se le adelantó hace unos meses.

Y aunque su defensa alegó plena inocencia, la Fiscalía optó por acusarlo de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo, en calidad de coautor.

El operador de radio del Héroes de Tolová, Adriano José Cano Arteaga, le aseguró a la Fiscalía que el grupo de Gordillo había salido a patrullar varias veces con los paramilitares.

Cayó ‘Cobra’

Su testimonio y el de Jorge Luis Salgado David permitieron que, hace diez días, un fiscal especializado les dictara medida de aseguramiento a los dos ex jefes ‘paras’ señalados de participar activamente en la masacre.

Se trata de Joel José Vargas Flórez y de José Clímaco Falco, alias ‘Cobra’, el hombre que supuestamente degolló a la pequeña Natalia, de 5 años.

Y mientras la Fiscalía les define la situación jurídica a los militares implicados, abogados de familiares de las víctimas están pidiendo acceso a los testimonios ‘paras’ sobre los desgarradores hechos de hace tres años.

Salgado David, por ejemplo, cuenta que el padre de la niña degollada les suplicaba de rodillas que no mataran a los menores.

Además, que la niña creyó que se trataba de un paseo y le guardó a su hermanito una muda de ropa para el viaje.

“Le decía adiós con la manito”, recuerda el ex ‘para’.

Y añade que la violencia del ataque fue con tal sevicia que cuando se topó con el cadáver de un hombre, presunto guerrillero, casi trasboca.

“Quedó partido, destrozado por el estómago (…) se le veian las tripas y una cosa blanca. Yo me había comido una jamoneta y me dieron ganas de vomitar”.

Protección para testigo

Hoy, paradójicamente, Jorge Salgado David, está pidiendo protección.

Un grupo de desmovilizados ha intentado asesinarlo en al menos dos ocasiones porque se está negando a entrar a ‘las Águilas Negras’, grupo paramilitar emergente con tentáculos en todo el país.

Por suerte, las autoridades ya están tras la pista de los hombres que lo quieren matar.

San José: una comunidad de paz

La masacre ocurrida en el 2005 en San José de Apartadó, y la situación de señalamiento y de estigmatización que derivó de ese hecho en esta comunidad de paz, es uno de los casos que ONG han llevado ante estrados internacionales para acusar al Estado colombiano de no trabajar por la defensa de los derechos humanos.

De hecho, desde el 2002, esta comunidad del Urabá antioqueño tenía medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El organismo internacional le había exigido al Gobierno colombiano medidas para preservar la vida e integridad de los miembros de esa comunidad de paz.

Hoy, más de tres años después de los hechos, este caso y el de otros 170 asesinatos cometidos desde 1997 en San José de Apartadó, se encuentran en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.

El caso deberá pasar luego a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, que deberá fallar.

Además, informes de algunos de esos crímenes han sido enviados a la Corte Penal Internacional, al Parlamento Europeo, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a otros organismos internacionales.

Los uniformados requeridos

En la carta enviada al general Mario Montoya, la Fiscalía solicita las capturas inmediatas de los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega y Édgar García Estupiñán.

También figuran los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez y Óscar Jaime González. Además, los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona.

Extraoficialmente se supo que ya se hicieron efectivas cinco capturas.

Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Guillermo Armando Gordillo Sánchez.

El oficial tenía bajo su mando a la Compañía Bolívar, perteneciente al Batallón Vélez de Carepa (Antioquia), que realizaron la operación ‘Fénix’ durante los días en los que ocurrió la masacre.

Para el organismo investigador “es claro e innegable su presencia en circunstancias de tiempo y lugar”.

Por eso, se le negó la libertad provisional y permanece tras las rejas desde noviembre del año pasado.

En su contra rezan varios testimonios que señalan que el oficial acordó patrullajes conjuntos con ‘paras’ del bloque ‘Héroes de Tolová’, que se desmovilizó en medio del proceso de paz con el Gobierno.

Uno de los testigos es Adriano José Cano, quien fue radioperador de esa facción ‘para’, quien contó a la Fiscalía que, luego de la masacre, el capitán recriminó a los ‘paras’ por lo que habían hecho.

“Les dijo que fue una embarrada muy grande”, sostuvo, y agregó que los militares no hicieron nada para evitar el crimen ni para perseguir a los responsables.

El ahora ex ‘para’ aseguró que los miembros de las Auc eran los guías del Ejército, pero cuando llegaron a las viviendas de los campesinos “entraron a las casas, intimidaron, torturaron y mataron” usando machetes y armas de fuego.

Casos con miembros de la Fuerza Pública involucrados

JAMUNDÍ

El pasado 18 de febrero, el coronel Byron Carvajal, ex comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3, y 14 de sus hombres fueron condenados por un juez de Cali por el asesinato de diez policías y un informante en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca).

La condena se conocerá el próximo 21 de abril, pero se estima que no estará por debajo de los 25 años. En el caso del coronel, quien al parecer planeó el hecho, no se descarta una pena de 40 o 60 años.

RETOMA PALACIO DE JUSTICIA

La Fiscalía ordenó la captura del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, a mediados de julio del 2007, en el proceso por la desaparición de Carlos Rodríguez y Cristina Guarín, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, y de Irma Franco, guerrillera del M-19.
Dentro del proceso por los desaparecidos fueron capturados los sargentos (r) Antonio Jiménez y Ferney Causalla, miembros, para la época, del B2 del Ejército, que participó en la retoma del Palacio.

MASACRE DE MAPIRIPÁN

El Coronel Lino Sánchez fue condenado a 40 años de prisión por la masacre, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en ese municipio del Meta y que dejó más de 49 muertos. La misma condena la recibieron como coautores indirectos los sargentos Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Urueña Díaz,
En el 2003, la Fiscalía llamó a juicio al general Jaime Alberto Uscátegui, pero fue absuelto en noviembre del año pasado por un juez de Bogotá.

u.investigativa@eltiempo.com.co

En la masacre murieron Luis Guerra, su compañera Beyanira Areiza y su hijo Deyner Guerra. También Alfonso Bolívar, su esposa Sandra Graciano, Natalia y Santiago, hijos de la pareja, y Alejandro Pérez. Jesús Abad Colorado – Archivo / EL TIEMPO

Para la Fiscalía es claro que la acción de San José de Apartadó buscaba imponer el miedo y el terror entre los civiles de esa comunidad. Jesús Abad Colorado – Archivo / ELTIEMPO

Denuncian en Ecuador nuevos incidentes en frontera con Colombia

Prensa Latina
Marzo 20, 2008, 9:00a.m.

Quito, 20 mar (PL) Un nuevo incidente fronterizo revive hoy la difícil situación de las poblaciones ecuatorianas de la zona limítrofe norte, que se quejan de la inseguridad y la zozobra que desliga la guerra interna en Colombia.

El farmacéutico ecuatoriano Manuel Jiménez, de 35 años, fue asesinado y torturado en el lado adyacente colombiano al ser confundido por el ejército del vecino país con un guerrillero, denunciaron sus familiares.

Su primo Julio Jiménez, del poblado Puerto Nuevo, afirmó que a su pariente lo ultimaron, pero poco a poco.

Los militares de Colombia arrestaron el sábado último a Jiménez poco después que cruzará la frontera para pagar una deuda por un terreno adquirido, señaló.

Maricela Melo, esposa de la víctima, reclamó justicia y desmintió que su marido fuera miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los soldados colombianos matan a uno y después le ponen un uniforme de camuflaje de las FARC para acusarlo de guerrillero, aseveró.

El cuerpo de Jiménez tiene cuatro impactos de balas y el rostro fue quemado con ácido, dijeron habitantes de ese pueblo, citados por un canal de la televisión ecuatoriana.

Residentes de Puerto Nuevo señalaron a corresponsales extranjeros, que visitaron la zona el lunes último, que los casos de desaparecidos y asesinados se registran a diario.

Esa muerte se conoce poco después de superada la crisis diplomática entre Quito y Bogotá, con el rechazo de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la violación del suelo nacional.

Una resolución de la OEA repudió el bombardeo e incursión de tropas del vecino país contra un campamento clandestino de las FARC en este territorio. Esa trasgresión motivó el rompimiento de relaciones entre ambos países.

La canciller de la nación, Maria Isabel Salvador, prometió investigar el asesinato de Jiménez y anunció que los vínculos con Bogotá se reanudarán cuando exista una señal de buena voluntad de sus autoridades.

Además de este crimen, la Fiscalía General informó que enviará una misión a Colombia para indagar la presunta muerte del ecuatoriano Franklin Aizalia durante el bombardeo al campamento de la guerrilla el 1 de marzo último. En dicho ataque fueron muertas 25 personas, entre ellos cuatro civiles mexicanos, varios insurgentes y el portavoz de las FARC, Raúl Reyes.

Se presume que el cadáver del Aizalía fue llevado a Bogotá junto al de Reyes, al ser confundido con otro líder guerrillero.

Los ecuatorianos de bien

Registro las opiniones de los ecuatorianos en los foros del diario El Comercio a propósito de la crisis con Colombia y las relaciones binacinonales. Muy diferentes a los colombianos, ciertamente. Ven el conflicto colombiano como algo ajeno que les quita la paciencia y no los deja vivir tranquilos. Aun se conmueven con la muerte y les duele cada vez que la delincuencia común colombiana mata un ciudadano en la calle, cada vez que el ejército colombiano se mete y mata a sus ciudadanos (como al farmacéutico Manuel Jiménez, torturado y asesinado por el ejército en la frontera acusado de ser guerrillero), cada vez que Uribe ordena bombardear su territorio y también cada vez que Uribe acusa al Ecuador de ser aliado de las Farc porque allá tampoco quieren a las Farc. Lamentable. Somos parias. Venezuela y Ecuador están construyendo el socialismo por la vía democrática. La vieja oligarquía colombiana y la nueva burguesía narcotraficante paramilitar, a punta de pistola, propaganda y motosierra, le cerraron el paso a esa posibilidad en Colombia. El resultado son las Farc y su radicalismo, el uribismo paramilitar y su intransigencia carnicera, y en fin, esta guerra que parece no tenerlo y la forma de ser tan peculiar de los que llamamos “colombianos de bien”.

Mayu Pankara

edujim40
Colombia y Ecuador tienen mucho en común y muchos motivos para compartir el futuro que desbordan las politicas estatales de lado y lado. En la práctica, fue casi imperceptible el efecto del conflicto en el sentimiento de lado y lado porque en las dos partes hay mas fraternidad que odio. Tanto las FARC como Uribe, Correa y sus grupos son pasajeros, Colombia y Ecuador seguiran siendo hermanas despues de sus dias porque nacieron hermanas y han vivido en paz. Nunca pudiera haber xenofobia!

Nautico
Totalmente de acuerdo con el editorial de El Comercio acerca de la importancia diplomática que Ecuador debe tener con los vecinos como Colombia y Perú. Estas dos embajadas son muy importantes y claves en nuestro desenvolvimiento de todo orden como resultado se necesita el envio de personal especializado y con experiencia internacional suficiente para lograr objetivos positivos para nuestro pais basados en la inteligencia,la justicia,la honradez y la verdad.

Hatun Cañar
Mientras este presidente de Colombia, el culebrero FhUribe el mentiroso y su gobierno paramilitar de las motosierras le veo muy distante la reanudación de relaciones diplomáticas con Ecuador. Los colombianos tienen que admitir que son un dolor de cabeza que solo causan problemas con campañas vil y sucias por la prensa colombiana,Narco trafico,desplazados, brutal violacion de nuestro territorio matan anuestros hermanos Ecuatorianos en la frontera,delincuencia y violencia,son muy mal agradecidos.

Hatun Cañar
Colombia ha sido escenario, historicamente, de una continuada brutal violencia y es visto ante el mundo entero como un país que irrespeta la vida. EE.UU no negocia,va por la politica de dividir a los países para imponer sus reglas,son un Imperio y como tales son vistos con resentimiento y desconfianza.La maquinaria de publicidad de la prensa colombiana y USA fue brutal,vil y sucia contra Ecuador y la verguenza nacional el UNIVERSO siempre mostrando bajesa profecional de servilismo economico politico

nicklaus
Bien como un resumen tibio y superficial de los hechos, con la excepción de lo relacionado con los campamentos de las Farc y la relación de nuestro gobierno con ellas. Por acción proactiva o por desinterés culposo, la presencia de campamentos estables (o debo decir instalaciones) de las farc en territorio nacional es inaceptable. mas grave por supuesto en el caso de una simpatía colaborante, pero, no es evidente de los antecedentes de varios de nuestros altos mandatarios? preguntemosle a juan.

JosMa
Don Miguel muy certero su artículo, me quedan más inquietudes, las Farc siempre han tenido campamentos en Ecuador desde hace fu, EE.UU. siempre lo ha sabido antes se hicieron de la vista gorda porque esos gobiernos eran de derecha, los guerrilleros nunca pasan en un sólo mismo lugar,por que lo atacaron en ecuador y no en colombia?coincidencia que ahora con la ayuda del computador se detecto esos dólares en costa rica?el senado de EEUU no quiere aprobar el TLC por sospechas de corrupción?que habrá?

edujim40
Es como para no creer que elementos de un gobierno democráticamente elegido tengan contactos con un grupo que reniega del sistema, pero a declaración de parte relevo de prueba. Tal vez fue una treta del gobierno colombiano lo de las computadoras, pero fué lo que presiono al ministro de seguridad interna y externa a declarar que si habia tenido contacto con las FARC, en una suerte de salida rápida de su aventura. Ademas, la afinidad ideologica entre el ministro y las FARC son bien conocidas.

“Matar comunistas no es pecado”: Alfonso Llano

Comentamos a continuación una muestra de catolicismo puro y duro, celebración del miedo, la tortura y la muerte, aliado del poder y la opresión: la columna de hoy del padre Llano.

‘Intelligenti, pauca’
Alfonso Llano Escobar, S. J.

Lunes 17 de marzo de 2008

“Intelligenti, pauca”, adagio latino que suele traducirse por “A buen entendedor, pocas palabras”. Fui explícito en mi artículo de marras que, ante la muerte de ‘Raúl Reyes’, experimentaba un doble sentimiento: como cristiano, sentía profundo dolor [mentira], pero, como todo colombiano bien nacido [elitismo], no podía menos de complacerme [a los cristianos la muerte y la tortura les causa placer, su símbolo es la Cruz] con la justicia que se había practicado [Justicia padre Llano? Justicia? Los pueblos haremos justicia padre Llano, y vamos a ir atrás de ti y de todos los opresores del pueblo y de la Madre Tierra, pero no para matarlos a hierro, sino para enseñarles a construir una sociedad-naturaleza justa]. De sobra que unos cuantos desteñidos habrían corregido al Maestro cuando comentó, a propósito del suicidio de Judas: “Más le valiera no haber nacido”. ¡Qué falta de consideración con el pobre Judas! Por qué ese prurito de exagerar un lapsus linguae involuntario para hacerle decir a uno más de lo que quiso decir, y no prestar atención al dolor que expresé por la muerte de ‘Reyes’.

Pero no. Tenían que saltar al ruedo algunos defensores del asesino [defensores de la vida padre Llano, opositores de la Iglesia y su pobre filosofía de miedo, tortura y muerte] para rasgarse las vestiduras clamando por que el padre Llano se alegraba (“¿al máximo?”, mayúsculo error de lectura) con la muerte de un cristiano. Y nada les dice que sentí profundo dolor [mentira]. Tienen que hacerme decir lo que no quise decir, para justificar su farisaico reclamo. Como si no se hubieran alegrado, también ellos [confesaste padre: "también" te alegraste!], con la noticia de la muerte de un enemigo de la Patria [la Patria padre, precisamente, ese invento de unos pocos para dominar a los demás, es invento de unos pocos para justificar la muerte y la opresión. Afortunadamente, la Madre Tierra, la Diosa y los pobres no tienen patria]. Seamos sinceros o, de lo contrario, no vamos a ninguna parte. Aquí lo que nos falta es sinceridad y no andar con tantas aguas tibias que no van a la mar [Seamos sinceros: guerra de exterminio contra la subversión y todo lo que se le parezca, cierto padre?]. Al pan, pan, y al asesino el castigo [No era Dios el único con derecho a castigar?]. De la impunidad no se sigue la paz sino el incremento del crimen [Tienes toda la razón padre: los inmensos crímenes de la Iglesia siguen impunes, pero llegará la hora de los pueblos padre, y se los vamos a cobrar]. Alguien tiene que morir si queremos la paz [Eso es padre: el exterminio, la anulación del otro como salida al conflicto. Muy cristiano!]. Ya con motivo de la condena de Jesús, sentenció Caifás: “Conviene que uno muera por todo el pueblo y no que toda la nación sea destruida”. Juan 11,50. [Argumentas citando a Caifás padre? Caifás también es palabra de Dios?]

Ya san Ignacio de Loyola, mi santo fundador [una joyita], dio un consejo muy sabio: cuando hay duda sobre la frase de un amigo, hay que hacer todo lo posible por salvar el sentido correcto que quiso decir y no agravar su sentido para echar a perder a ambos: la frase y el amigo. Pero no, quién dijo miedo. Aquí tienen que callarse el sentido profundo de mi frase, sentir dolor [mentira] por la muerte del asesino y meter el dedo en la llaga de la frase imprecisa (el lapsus linguae) ["se me chispotió"], alegrarme de que se haya hecho justicia, para decir que me alegro al máximo de ver correr sangre asesina. No estoy exacerbando los ánimos; todo lo contrario. Quien me ha leído durante cuarenta años sabe que no busco otra cosa que creer en Jesucristo y tratar de servirle amando a todos, aun a mis enemigos. Hay que buscar la paz por todos los medios lícitos. Vivo invitando a la paz y al diálogo, pero cuando el enemigo rechaza tercamente el diálogo y se empecina en matar y destruir [los capitalistas rechazan tercamente el diálogo y se empecinan en matar y destruir], el gobernante (con un 84 por ciento de favoritismo) tiene que recurrir a las armas para eliminar a quien se empecina en acabar impávidamente con el país [Quedó muy claro padre: la popularidad del gobierno narco-para-cachorro-del-imperio-decadente legitima todo, sin límites legales ni morales: Adelante con la motosierra Presidente!]. O, si no, ¿qué está diciendo este respaldo del 84 por ciento sino que ante un ataque aleve y mortal hay que recurrir a la legítima defensa? [Yo pensaba que había que poner la otra mejilla.]

Quede pues claro: no quiero la guerra. Pero si el enemigo recurre a las armas, se puede predecir que caerá bajo el peso de las armas. Fue el Maestro quien le recordó a Pedro, que sacaba el arma para defenderlo: “El que a hierro mata, a hierro muere” [Pongan atención capitalistas, padres y todo tipo de opresores del pueblo y destructores de la Madre Tierra: "El que a hierro mata, a hierro muere"].

Que conste: no quiero la guerra, no me alegro con la muerte de ‘Reyes’ [mentira]. Siento profundo dolor por él y por todos los que caen de ambos lados. Pero soy franco y sincero: no puedo menos de alegrarme por la Patria, que no es una idea bonita [es una idea horrible, filosoficamente vacía, legitimadora de la injusticia, el terror y la muerte], sino que somos todos los colombianos, de carne y hueso, sobre los que cae la espada de Damocles.

Y que no salten al ruedo más defensores de ‘Reyes’. ¡Da lástima oírlos llorar por un asesino que cayó justamente herido de muerte por la justicia y ver que no derraman una lágrima por el millar de inocentes víctimas que ultimó alevemente y otros tantos que se aprestaba a eliminar! [Qué más se puede agregar? El padre ya lo dijo todo.]

Alfonso Llano Escobar, S. J.

Mayu Pankara

La columna de hoy de Molano

Parentesco epistemológico

Por: Alfredo Molano Bravo

Mirando desde lejos lo que pasa y no termina de pasar, me pasó por la cabeza un viejo concepto que utilizaba Estanislao Zuleta, tomado del viejo Althuser: el parentesco epistemológico.

No era fácil de entender y menos de utilizar con propiedad, pero significa algo como la existencia de un aire de familia entre escuelas filosóficas o políticas. Así, hay un parentesco epistemológico entre Schopenhauer y Nietzsche, o entre Bolívar y Sanmartín. Aterrizando en lo nuestro, si se mira bien, uno podría toparse con un aire de familia –o parentesco epistemológico– entre la tesis que invocó el gobierno de Uribe y de su ministro de guerra para meterle la mano al Ecuador con la justificación que agitan Mancuso y Jorge 40 para jugar fútbol con las cabezas de quienes han sido clasificados por ellos como sus enemigos. Al dar el positivo de la operación Fénix, Juan Manuel Santos apeló a la doctrina de la legítima defensa arguyendo que Raúl Reyes había comenzado primero, disparándole desde una distancia de dos kilómetros y medio –y en piyama– a través de la frontera.

Por lo menos eso fue lo que entendió Correa cuando ocho horas después Uribe lo llamó por teléfono para comentarle lo sucedido con ese estilo socarrón de mosca muerta que usa cuando le conviene. No le dijo, por supuesto, que la premisa del golpe por mano propia –es decir, sin respetar el derecho internacional– era la de que el Gobierno de Colombia no confiaba en el ecuatoriano. Tampoco –sin duda, lo consultó– confía EE.UU. en un mandatario que, como Correa, se ha negado a ratificar el convenio que  permite a los gringos tener la gran base aérea militar de Manta, en el Pacífico ecuatoriano, y desde donde, según el periodista José Vicente Rangel, ex vicepresidente de Venezuela, se dirigió el operativo. Uribe no habló exactamente de persecución en caliente porque ha protestado –y con razón– cuando la Guardia Nacional de Venezuela se brinca la baliza en el Catatumbo, El Perijá o Arauca.

Los detalles saldrán a cuentagotas, pero se terminará sabiendo que fue un hecho planeado al detalle con premeditación y alevosía, como si el Ejército colombiano hubiera sabido de antemano cuál era el contenido de los computadores de Reyes: un guión igualito al que siguió EE.UU. cuando se alzó con Noriega en Panamá argumentando que era narcotraficante; invadió Afganistán, argumentando que era la cueva de Bi Laden, o le declaró la guerra a Irak, argumentando que tenía armas atómicas, análogas, por lo menos, digo, a las que Pacho Santos dice que las Farc van a fabricar. Quizá se trate de otro aire de familia, pero que lo hay, lo hay.

El mismo –agrego y repito– que exudan las razones que dan Mancuso, Jorge 40 o Báez cada vez que hablan ante la Fiscalía: nos defendimos por nuestros propios medios –motosierras, desapariciones, descuartizamientos– porque el Estado colombiano dejaba nuestras tierras y nuestros negocios expuestos al boleteo de la guerrilla. Más aún, por ahora, las cosas le han salido como sin duda esperaban, incluida la resolución de la OEA con el sí pero no acostumbrado. La babosería de siempre. No por nada Fidel llamó a este dócil organismo, Ministerio de Colonias yanqui. Los países vecinos están asustados con los rumbos que ha tomado nuestro conflicto doméstico.

Es evidente: se sale de madre. Y no sólo porque las Farc tienen doble residencia, sino porque Colombia no parece tener escrúpulo para impedirlo, y pasarse por la faja la norma que sea para llevar la guerra donde los intereses políticos de Uribe y Bush lo requieran. Siempre y cuando, claro está, lo haga con un Estado pequeño y pobre como Ecuador, o el día de mañana con Nicaragua. Porque otra cosa pasaría si tras el Mono Jojoy entra al Brasil a guindar al este de Tarapacá, donde el general Vázquez Cobo derrotó a un cabo en la guerra con el Perú. Con la resolución de la OEA, la agresión al Ecuador le salió a Uribe barata, como dijo El Tiempo alabándola.

~~~

Formidable la movilización del pasado jueves tanto en Bogotá como en otras ciudades. Una cosa es el país virtual, y otra, el país real. El dolor de las víctimas se derramó por calles, plazas y avenidas: derrotó el miedo y sintió el terror.

Alfredo Molano Bravo

“Nosotros somos la paz. Ellos son la guerra”

Palabras del presidente Chavez, hoy 6 de marzo:

“No habíamos nosotros nacido cuando ya ese conflicto, cuando ya Marulanda andaba por las montañas de Colombia. Nosotros, yo creo profundamente que sí es posible que en collombia se consiga el camino de la paz. Le pregunto yo a los colombianos y a las colombianas: hasta cuándo guerra? no será para decir «ya basta de guerra»?

Ahora, lo que dice el presidente Correa es muy cierto, y a mí me consta una y mil veces: el presidente Uribe no quiere la paz, él tiene una obsesión por la guerra, y se siente guapo y apoyado por las corrientes más duras de los halcones del pentágono. No van a poder acabar con la guerrilla, y la guerrilla tampoco va a poder tumbar al gobierno en Colombia. !

Dentro de pocos días se conmemorarán 60 años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Ya basta de sangre. Ya basta de violencia. Nosotros le tendemos la mano a Colombia y el corazón. Y hacemos un llamado a los colombianos a que no se dejen manipular por la propaganda de guerra de los Santos, de la oligarquía, de Uribe y de los gringos. Que miren el corazón de su pueblo.

Nosotros estamos dispuestos a cooperar para seguir trillando los caminos de la paz. Nosotros somos la paz. Ellos son la guerra.”

Víctimas de crímenes de estado

Por: Camilo González Posso

(El Tiempo, 20 de febrero de 2008)

La convocatoria a la marcha del próximo 6 de marzo ha despertado apoyo en todas las esferas de la sociedad, pero todavía no se desencadena el momentum que llevó el 4 de febrero a varios millones de personas a la calle, ni el concurso institucional de los medios de comunicación con avisos diarios de cuenta regresiva, editoriales y comerciales autopautados. En esta ocasión el gobierno ha tomado distancia de la convocatoria anotando que garantizará el derecho a la protesta, pero que no comparte sus términos “que sindican al gobierno de una política criminal”. Otros más radicales ha salido a rechazar la marcha e incluso han señalado que es una trampa de las FARC o como mínimo que le hace el juego.

Ni el hecho que la organización convocante se denomine Comité de Víctimas de Crímenes de Estado, ni el que se llame a apoyarlos a ellos y a los que han sido violentados por los paramilitares, significa un enjuiciamiento directo al gobierno de Alvaro Uribe, pero es claro que pone el punto en la llaga sobre la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos, por la acción de agentes suyos o por complicidad y omisión en crímenes atroces.
La respuesta, entonces no puede ser que la guerrilla es la responsable o que comparte la responsabilidad con otros grupos al margen de la ley. La parte de responsabilidad de la guerrilla no está en discusión y así lo señalaron las marchas del 6 de febrero.
El tema es si hay o no víctimas de crímenes de Estado y si el paramilitarismo y sus víctimas fatales, desaparecidos, desplazados, etc, están conectados con una responsabilidad estatal. Más aún si el Estado debe garantizar los derechos de esas víctimas, incluida la reparación integral.

El inevitable José Obdulio Gaviria, que actúa como ideólogo del Presidente, ha dicho que puede hablarse de casos de víctimas de funcionarios en tanto personas que han cometido delitos, pero no por ello de crímenes de Estado o de responsabilidad Estatal. Pero esa teoría choca con sentencias de las cortes que han fallado no solo en contra de funcionarios sino que han obligado al Estado a indemnizar, como se ilustra con las sentencias de la Corte Interamericana relativas a los “19 comerciantes”, Mapiripan y otras. Para poner el asunto en otros términos: La Fiscalía ha informado de la existencia de más de 30.000 personas sin identificar en fosas comunes, la mayoría de ellas víctimas de paramilitares. Solo en Putumayo estima ese organismos estatal que hay 3.000 por desenterrar. Autoridades civiles y militares de esa región han sido implicadas por tolerancia o colaboración con hechos de esta naturaleza, incluido el desplazamiento forzado, y esto ocurre no solo en Putumayo sino en Antioquia, Meta, Casanare, Norte de Santader, Nariño, etc, etc. ¿Es equivocado hablar de responsabilidad estatal en esa historia? ¿La verdad histórica que se está documentando desde varias instancias estatales, como la Comisión de Reparación y Reconciliación, tendrá ese enfoque de omisión?

Es una discusión de fondo que seguirá después del 6 de marzo y que no afecta la opción de los colombianos que han decidido en esta ocasión salir a exigir los derechos de varios millones de víctimas de crímenes de paras y de agentes estatales, sin declinar el reclamo por todas las víctimas, incluidas las de la guerrilla, que esperan que se detenga la guerra y se honre la reparación y la garantía de no repetición.

function toggle(id) { if (document.getElementById(id).style.display == ‘block’) { document.getElementById(id).style.display = ‘none’ } else { document.getElementById(id).style.display = ‘block’ } } Camilo González Posso

La otra marcha

Por HERNANDO GÓMEZ BUENDÍA

Son las motosierras, las cabezas cortadas para jugar al fútbol, los cuerpos recortados para ahorrar trabajo, los machetazos para no gastar balas. Son las niñas violadas, los niños masacrados, las casas incendiadas, los 4 millones de hectáreas usurpadas, los 3 millones de campesinos echados como perros. Son Mapiripán, Chengue, Mejor Esquina, Barcelona, El Aro, La Negra, el Alto Naya, Honduras, Pueblo Bello, Las Tangas, Buenos Aires, El Salado, La Granja, La Chinita. Son la Unión Patriótica, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Jaime Garzón, es Mario, es Elsa. Son 15.000 asesinatos, 1.800 masacres, cientos de fosas ocultas, 3.000 desaparecidos.Son crímenes de lesa humanidad, o crímenes que niegan el ser humano en cada uno de nosotros. Por eso, asistir a la marcha del 6 de marzo es un acto puro de moralidad, una expresión colectiva y simbólica de nuestra dignidad como seres humanos.La misma dignidad que se expresó en la marcha del 4 de febrero, cuando unos 8 millones de colombianos en 140 países salimos a protestar contra los asesinatos, los collares-bomba, las pipetas, las minas, los secuestros, las cadenas y las bombas de las Farc. Son crímenes de lesa humanidad, que por eso merecen el repudio de la humanidad.

No se trata de comparar. Y no es lícito comparar. Un crimen nunca puede justificar otro crimen, porque entonces ninguno sería un crimen —y habríamos renunciado a ser humanos—. Así que, desde el punto de vista moral, los mismos 8 millones de colombianos que marchamos en febrero tenemos el deber de hacerlo en marzo.

Pero no hay que ser un genio para saber que a la marcha del 6 de marzo no asistirán 8 millones de colombianos, y tal vez ni siquiera un millón de colombianos. Es porque esos eventos multitudinarios no son —como deberían ser y como a la gente le dicen que son— actos morales puros, sino que además son actos mediáticos y actos políticos.

Los medios son el único lugar donde las multitudes se crean, se organizan y se expresan, y por tanto la marcha de febrero no habría sido sin la supercampaña de los medios en contra de las Farc. Pues resulta que en los medios decisivos no hay la misma claridad ni hay el mismo entusiasmo en condenar los horrores de las ‘autodefensas’ (y es elocuente que así las llamen).

¿O es que de veras cree usted que los canales privados, las radiocadenas y el periódico de Bogotá van a dedicar iguales horas extras y otra página diaria a organizar otra megamarcha contra los ‘paras’?

Lo cual me trae a la marcha como un acto político, como expresión de acuerdo o desacuerdo con una cierta manera de concebir y gestionar los intereses públicos. Y aquí nos encontramos con una asimetría inocultable: en tanto la política de mano dura en contra de las Farc tiene el apoyo de tirios y troyanos, la política de mano blanda respecto de los ‘paras’ es el asunto más controvertido de este megagobierno.

Los hechos son tozudos. Llevamos ya 6 años de un Presidente dedicado con sus ministros y sus consejeros a buscar un camino legal para indultar a los señores de Ralito y sus miles de ‘muchachos’. Hay una Ley de ‘Verdad, Justicia y Reparación’, pero es la verdad que le convenga contar a cada ex comandante, la justicia en cárceles que no lo son tanto y la reparación en fincas para ser entregadas a grandes palmicultores.

Los hechos son tozudos, pero las percepciones son todavía más tozudas. La gente —la mitad de la gente, dicen las encuestas— piensa que las autodefensas se justifican y uno de cada tres colombianos piensa que ellas deben perseguir a las guerrillas. Es lo que oigo decir en las tertulias: que a la marcha de marzo no hay que sumarse porque los ‘paras’ no son tan malos, porque son un mal necesario, porque pagaron sus penas, porque se acabaron, porque la Farc invitan o a las Farc les conviene, porque atacar a los ‘paras’ es atacar al Ejército y es atacar al presidente Uribe.

Todo lo cual en mi opinión confirma que el nuestro es un país bastante confundido.

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Uribe y los narcos (paramilitares)

Yo no creo que nuestro señor presidente haya cogido nunca una motosierra, y mucho menos para destazar cristianos. Tampoco creo que se meta directamente a hacer negocios con cocaína (quién sabe sus allegados), que se la pase buscando tajadas de contratos o sobornos, o que lave plata. Lo importante es lo siguiente: Uribe pertenece a la clase social que conformó y mantiene a los grupos paramilitares, representa las necesidades, los intereses, los puntos de vista y en general el proyecto paramilitar: guerra de exterminio contra la subversión, caiga quien caiga, e imposición de una dictadura (terrorista) de mercado por los medios que sea. Eso no hay necesidad de demostrarlo, es explicito.

En fin, ahí va esta simpática nota hecha en Venezuela:

Carimagua inc.

Columna de Alfredo Molano (El Espectador, 16 de febrero de 2008) [fuente]

Más claro no canta un gallo. Los señores empresarios emprendedores y sus amigos irregulares llevan ya dos décadas haciendo una verdadera contrarreforma agraria y trayendo progreso a punta de motosierra. Ahora, hece unos años, tal vez por algunos más, cuentan con un gobierno totalmente identificado y comprometido con sus proyectos y puntos de vista. La columna de Molano:

“Con el pecho aún henchido de patriotismo y con varias capas de protector solar en la cara después de la marcha del 4 de febrero, el Ministro de Agricultura se dispuso con ese tonito pedagógico de seminario menor que ha copiado de su mentor, el señor Presidente, a explicarnos que los grandes inversionistas seguirán siendo para el Gobierno los privilegiados de siempre y que los desplazados deberán reconvertirse en peones de sus haciendas.

En buena hora la Procuraduría y el senador Robledo se le atravesaron al ministro y pusieron las cosas en su sitio. Carimagua es en realidad una chichigua de 17.000 hectáreas englobadas en el proyecto estrella de colonización uribista bautizado como Recuperación de la Alta Orinoquia, que busca poner en los bolsillos de megaempresarios la bobería de 6’400.000 hectáreas entre los ríos Orinoco, Meta, Vichada y Manacacías, y que el señor Presidente presume despobladas —aun de desplazados—, pero donde viven de esas “tierras ácidas” 54 resguardos indígenas y miles de campesinos y colonos.

La Embajada de Colombia en Japón hizo en 2005 el lanzamiento del proyecto en Tokio, exaltando la fertilidad del suelo y las posibilidades tan rentables que ofrecían las tierras para cosechar palma, caucho, madera y, además, producir oxígeno, un plus que se negocia en Bolsa. No fue un acto, fue una feria. Uribe le echó el cuento a Bush y a Bill Gates, mientras el embajador colombiano embaucaba a Gunter Pauli, de la Fundación Zeri, comerciante de oxígeno; a la firma Daiwa House, negociadora de aguas, y a la Cargill, la mayor comercializadora de granos del mundo. Y, como si fuera poco, al más poderoso banco norteamericano, el J. P. Morgan Chase, mercader de acero y de guerras.

Para mostrar al mundo que el proyecto no era embuste, Incoder le tituló al senador uribista Habib Merheg; a su secretaria; a su abogado y a una docena de sus seguidores, 18.000 hectáreas, y cedió a la Fuerza Aérea Colombiana 61.500 hectáreas –un predio cuatro veces más grande que Carimagua– para instalar un campo de entrenamiento de bombardeos y un gran proyecto de “desarrollo social” para “emplear personas que han sido afectadas por el conflicto y en primera línea por nuestros soldados y policías discapacitados, nuestros oficiales y suboficiales”. (¿Qué pensará Venezuela de esta punta de lanza a pocos kilómetros de la frontera?)

De todos modos, el Gobierno está encartado con Carimagua, que fue un centro experimental de primera importancia, dirigido y financiado por el CIAT y el ICA hasta por allá a mediados del 90, cuando la guerrilla se tomó la sede, destruyó laboratorios y se llevó unos carros. El Gobierno optó entonces por entregar el predio al Fondo Ganadero del Huila en condiciones que la Procuraduría está en mora de investigar. Después todo proyecto ha fracasado, salvo la pista aérea utilizada por antinarcóticos y la base militar con 600 efectivos, que no son los mismos terrenos donados a la FAC. En Carimagua las construcciones están medio destruidas; la biblioteca –llena de informes técnicos valiosos–, enmohecida; las carreteras enmontadas y ni qué decir de los experimentos en pasto, sorgo y marañón. ¿Qué hacer con esas 17.000 hectáreas?

En el exterior –de dientes para afuera– se destinaron a los desplazados para atraer recursos y lavarse las manos; en el interior, como se sabe, se las quiso entregar el Gobierno a los palmicultores, caucheros –¡otra vez los caucheros!– y a los aserradores, que han arrasado nuestras selvas, ofreciéndoles todo tipo de gabelas tributarias. La Procuraduría brincó a tiempo y la opinión pública se enteró de manera práctica y tangible de la política agraria del gobierno de Uribe: conceptualmente hablando –subrayo, conceptualmente–, es el mismo modelo patentado en el Urabá chocoano por el ‘Alemán’, o por ‘Jorge 40’ en las tierras del Cesar: desplazar a los pobres para meter a los ricos.

En el Vichada, el trabajo de sacar indígenas y colonos de sus tierras lo ha hecho el Señor Cuchillo, jefe todopoderoso de los paramilitares que continúa prestando importantes servicios a la causa de la seguridad regional. Mirada en conjunto, la política agraria de los últimos gobiernos ha sido en la práctica una obra en tres actos: primer acto, entrada de los paramilitares motosierra en mano y desplazamiento de campesinos; acto segundo, negociación con los paramilitares, y acto final, entrega de tierras a grandes inversionistas.”